En defensa de la laicidad positiva, por Julio Martínez SJ

El ministro de Cultura ha escrito una carta al PSOE en calidad de secretario de Laicidad del partido con el título La laicidad, «religión de la libertad», tomando la expresión entrecomillada de los ilustrados del XVIII. Para completarlo, creo que convendría añadirle «libertad de la religión», algo que también pertenece a la misma entraña de la laicidad, al menos tal como la entiende nuestra propia Constitución de 1978 y una gran parte de los estudiosos del tema.

Habla de los encuentros del Gobierno de España con las confesiones religiosas con notorio arraigo en la sociedad española, más allá de la práctica dominante hasta ahora de tener relaciones con la Iglesia católica y las federaciones de protestantes, judíos y musulmanes. En realidad, supongo que quiere decir que esos encuentros se dan a un nivel jerárquico mayor que en el pasado, porque creo que ya se vienen celebrando desde hace tiempo. Nada que objetar a tal interlocución: ojalá dé muchos frutos y no se utilicen como una vía para restar importancia a los Acuerdos del Estado español con la Santa Sede (1979) y con las otras tres confesiones (1992).

Lo que no encuentro en la carta son señales de que la religión deba tener cabida en el espacio público. Su visión está en la línea de lo que yo llamo «neutralismo con desalojo público de lo religioso»: uno puede ser privadamente tan religioso como quiera siempre que no pretenda que sus creencias tengan repercusión social. En realidad, esa visión suele contener una visión negativa de la religión. El espacio de lo público debe estar a resguardo de cualquier convicción que provenga de la religión, pero no así de otros intereses de índole cultural encarnados, por ejemplo, en movimientos «emancipadores». En nombre de la «neutralidad» se silencia y se amputa una dimensión que lejos de ser perniciosa, puede aportar y aporta mucho a la formación de los corazones y a la convivencia social.

Aplicaciones prácticas de esta ideología —siempre so capa de defender los bienes de la neutralidad, la libertad de expresión o la justicia social— son casos como las prohibiciones del uso de los símbolos religiosos en lugares públicos o la práctica de algunos alcaldes que se niegan a participar en actos religiosos por respeto al carácter laico del Estado. Han ido surgiendo esporádicas reivindicaciones de grupos que cuestionan la celebración misma de las procesiones de Semana Santa o que exigen la retirada de los nombres con connotación religiosa de las calles de nuestros pueblos o ciudades. La semana pasada nos enteramos de que la alcaldesa de Aguilar de la Frontera (Córdoba) mandó retirar y luego demoler la Cruz de Llanitos de las Descalzas, por ser un «símbolo franquista». ¿Cómo puede alguien no entender que la cruz es un símbolo universal, no secuestrable por ningún régimen político, que representa a todos los sufrientes de la historia?

El ministro Uribes pone como ejemplo de laicidad el «Acto civil, solemne y de Estado» en memoria de las víctimas de la pandemia. Me pregunto si no hubiera sido también constructivo para la sociedad que el presidente del Gobierno se hubiera dignado a participar en el funeral celebrado en la Almudena y al que sí acudieron los reyes. También me pregunto si en el otro ejemplo que pone —la toma de posesión del Gobierno— cree que nunca debiera haber un símbolo religioso, aun cuando algún ministro sea creyente y lo valore en su juramento.

A mi juicio, hay que tener mucho tino para no confundir «laicidad del Estado» con «sociedad laica», pues esa confusión perjudica la pluralidad que expresa riqueza y vitalidad social. No se puede ignorar que la laicidad del Estado está al servicio de una sociedad plural en el ámbito religioso, donde hay creyentes y no creyentes. El Estado laico se sitúa como garante de la libertad, mientras que, por el contrario, una sociedad «laica» implicaría la negación social del hecho religioso o, al menos, del derecho a vivir la fe en sus dimensiones públicas. La laicidad del Estado requiere de separación y neutralidad, pero no puede suponer ni pretender que la sociedad sea laica. A este respecto, objetivos de la LOMLOE dirigidos a quitarle valor real a la asignatura de religión o a poner más dificultades para que colegios concertados católicos puedan ofrecer su modelo educativo, al ministro le parecen avances en la laicidad y a mí me parecen graves retrocesos laicistas.

La laicidad supone el rechazo del laicismo, cuando sus objetivos (más o menos velados) son de homogeneizar la sociedad (sociedad laica), utilizando los medios jurídicos-políticos al alcance del poder estatal o persiguiendo el monopolio de los medios culturales (escuela, medios de comunicación social, universidad…).

Frente a ese tipo de pretensiones, la posición oficial de la Iglesia se opone tanto a la exclusión de la religión del ámbito público como al fundamentalismo religioso y sus efectos de intolerancia. Una y otro impiden el encuentro entre las personas y su colaboración para el progreso de la humanidad, y empobrecen la vida pública, mermando las libertades fundamentales y el reconocimiento de la diversidad como camino a la unidad.

Las grandes religiones no son doctrinas abstractas para el alma en soledad, sino proyectos de convivencia humana; propuestas que incluyen cosmovisiones de cómo procurar el bien de la persona y el bien de toda la comunidad. Las tradiciones religiosas han conformado y conforman muchos contornos del espacio público (tiempos, festividades, simbología, etc.). La opción a favor de su reclusión en el ámbito personal-privado no solo acaba neutralizando su influencia pública, sino que termina generando, queriendo o sin querer, una visión peyorativa del hecho religioso dañina para el compromiso ético y cívico, al ignorar aspectos muy significativos de la racionalidad y la motivación humanas. Tal como Habermas ha llegado a reconocer, «una secularización descarrilada» afloja los vínculos democráticos y aniquila las fuentes de la solidaridad de la que depende el Estado. Realmente interesante y, viniendo de quien viene, el ministro de Cultura, que es profesor de Filosofía del Derecho, no debiera echarlo en saco roto. Estoy seguro de que no deseamos empobrecer la razón y ahogar la memoria y la esperanza, ni generar cultivos de resentimiento y hostilidad en quienes no se sientan socialmente respetados.

Otra cosa que echo de menos en la carta es una referencia explícita al artículo 16 de nuestra Constitución y a las sentencias del Tribunal Constitucional que han utilizado la expresión «laicidad positiva» para interpretar el artículo 16.3 de la Constitución: «En su dimensión objetiva, la libertad religiosa comporta una doble exigencia: primero, la de neutralidad de los poderes públicos, ínsita en la aconfesionalidad del Estado; segundo, el mantenimiento de relaciones de cooperación de los poderes públicos con las diversas iglesias» (STC 101/2004).

Reconociendo la religión como un valor para el bien común, los principios específicos que configuran el marco constitucional español sobre la libertad religiosa son el de laicidad/aconfesionalidad y el de cooperación. El primero refleja la frase constitucional: «Ninguna confesión tendrá carácter estatal» e implica tanto separación de las entidades religiosas y el Estado como neutralidad de los poderes públicos ante el acto de fe, que no significa indiferencia y mucho menos desprecio ante el fenómeno religioso. El segundo principio —cooperación— ordena a los poderes públicos «tener en cuenta las creencias religiosas presentes en la sociedad y mantener relaciones de cooperación con la Iglesia católica y las demás confesiones».

En efecto, nuestra Constitución no postula, ni en el espíritu ni en la letra, la exclusión del hecho religioso en la vida social y pública o su reducción al ámbito exclusivo de las conciencias o los templos, sino que, como todo lo que afecta a las personas, las convicciones y los valores tienen repercusión en la esfera social. Y, a tenor de la significación histórica del catolicismo, reconociendo que es la religión mayoritaria que profesan los ciudadanos españoles, declara una especial colaboración del Estado con la Iglesia católica a favor de los ciudadanos. Esta afirmación constitucional no va —ni debe ir— en detrimento de nada ni contra nadie. Sobre ese marco habrá que seguir haciendo los desarrollos y modulaciones requeridos por la evolución del paisaje religioso, pero sería una gravísima irresponsabilidad echarlo por tierra. Es una expresión magnífica del «personalismo jurídico», plenamente vigente y actual para plantear bien la laicidad del Estado y la necesidad del diálogo con y entre las diversas religiones, en la cambiante realidad social que viven la mayoría de las sociedades.

Entre creyentes y no creyentes hay un terreno común, un terreno de coincidencias sobre valores que hacen digna la vida. Ese terreno común donde crece el respeto a lo diferente y la articulación de lo distinto en un marco de convivencia pacífica y justa, solo puede concebirse en el seno de un Estado aconfesional con una sana laicidad. En un marco de laicidad justa es donde creyentes y no creyentes pueden encontrarse, dialogar y consensuar las reglas que les permitan vivir en armonía fundamental sin renunciar a elementos fundamentales de su identidad.

Soy de los que apuestan por trabajar a favor de un pluralismo que respete las identidades culturales y religiosas, potenciando lo valioso que hay en ellas, sin disolver los mínimos exigidos por la dignidad humana, en una ética coherente de la vida con instituciones justas. Desde ahí, no comparto en absoluto la afirmación sobre que la Ley de Eutanasia significa un avance en la laicidad. Con todo respeto, me parece muy mal negocio fragilizar el derecho a la vida, fundamento del orden jurídico y de todo otro derecho. Alentar una cultura que acepta complacientemente que algunos pongan fin a su vida como si fuera indigna o descartable, hiere el corazón de las relaciones humanas y la confianza entre las personas; y lanza un mensaje individualista que legitima la decisión subjetiva de los cuidados y la asistencia que cada uno quiera recibir según lo que dicte su autonomía o la utilidad social/económica haga posible o conveniente.

Para mí la apuesta debe ir a favor de una «cultura del encuentro», una cultura de «puentes y no de muros», la que está pidiendo el Papa Francisco, para trabajar juntos, sin pedirle a nadie que renuncie a su propia identidad. Aquí evidentemente hay que recordar que las identidades diversas son posibles cuando aceptan los «límites debidos» que constituyen el «orden público», condición de posibilidad del bien común de una sociedad abierta, plural y libre.

Publicado en Ecclesia. Por Julio L. Martínez SJ
Rector de la Universidad Pontificia Comillas
@UCOMILLAS

2021-01-28T08:27:03+00:00